CONFLICTOS DE COMPETENCIAS ENTRE PODERES DEL ESTADO Y NIVELES DEL GOBIERNO

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CONFLICTOS DE COMPETENCIAS ENTRE PODERES DEL ESTADO Y NIVELES DEL GOBIERNO


1. Introducción

Los conflictos de competencias entre poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno son una manifestación común en sistemas descentralizados. Estos conflictos surgen cuando diferentes entidades del Estado consideran que tienen la atribución para intervenir en una materia específica. En el Perú, la Constitución y las leyes orgánicas establecen competencias exclusivas y compartidas, pero su interpretación y aplicación práctica generan tensiones institucionales. Este trabajo busca analizar estos conflictos a partir de casos representativos, identificando sus causas y consecuencias.


2. Análisis de casos

  • Caso 1: Disolución del Congreso 


La disolución del Congreso por parte del Poder Ejecutivo en 2019 evidenció un conflicto de competencias entre ambos poderes del Estado. El Ejecutivo argumentó una denegación fáctica de la confianza, mientras que el Congreso cuestionó la legalidad de la medida. Este hecho generó un debate jurídico y político sobre los límites de las competencias del presidente y del Parlamento. La intervención del Tribunal Constitucional fue clave para delimitar el alcance de esta figura y evitar que se repita en condiciones similares sin control constitucional.





  • Caso 2: Fiscalización Excesiva


La fiscalización es una herramienta clave para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Sin embargo, cuando esta se ejerce de manera desproporcionada o sin coordinación entre niveles de gobierno, puede generar conflictos entre poderes (Ejecutivo, Legislativo) y entre niveles (nacional, regional, local). En algunos casos, se paralizan decisiones o se ralentizan procesos administrativos por temor a sanciones.




  • Caso 3: Injerencia Judicial


El Poder Judicial no crea leyes, pero tiene la autoridad para examinarlas cuando se interponen acciones de inconstitucionalidad. Mediante el Tribunal Constitucional, puede declarar que ciertas normas no se apliquen si contravienen la Constitución. En todo caso,    el Congreso de la República es el órgano encargado de aprobar leyes. Tiene la potestad de legislar, modificar y derogar normas, además de fiscalizar su aplicación. Sin embargo, sus leyes pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional si se considera que afectan derechos fundamentales o principios constitucionales. Es necesario fomentar el diálogo institucional y la cooperación en la interpretación de normas, además, cada poder del Estado debe mantener su independencia, sin presiones políticas, y que sus decisiones sean claras y transparentes, para que la ciudadanía confíe en su trabajo. En este sentido, para que el Tribunal Constitucional actúe con justicia en todos los casos, es clave que sus decisiones se basen solo en lo que dice la Constitución, sin influencias políticas. Por eso, quienes integran este tribunal deben ser personas con una trayectoria ética e independiente. Igualmente, cada vez que emitan una sentencia, es importante que expliquen de forma clara los motivos legales que la respaldan, para que todos podamos entenderlas y confiar en ellas. Cabe resaltar que la mejoría de las leyes requiere que los poderes del Estado trabajen juntos desde el inicio. Para eso, se pueden crear espacios de diálogo, evaluar el impacto de las normas antes de aprobarlas y consultar al Tribunal Constitucional para prevenir conflictos.


  • Caso 4: Descentralización y Transferencia de Recursos


El Gobierno Central se encarga de decidir cómo se usa el dinero del país, asegurándose de que los recursos se repartan de forma justa. También administra los impuestos que se recaudan y vigila que se cumplan las políticas económicas y sociales en todo el territorio nacional. De tal forma, los Gobiernos Regionales tienen la libertad de manejar sus recursos, planificar el desarrollo de sus regiones y llevar a cabo proyectos propios. Aun así, muchas veces necesitan el apoyo económico del Gobierno Central para poder hacer realidad varias de sus iniciativas. Es importante usar mejor el presupuesto y ayudar a que las regiones puedan recaudar más por sí mismas. Por ello, se necesita fortalecer a los gobiernos regionales, darles más herramientas y asegurar que el uso del dinero público sea transparente y bien controlado. Es esencial crear espacios de diálogo y coordinación. Iniciativas como mesas técnicas o consejos intergubernamentales ayudan a alinear esfuerzos. Además, promover la colaboración entre gobiernos regionales y locales permite gestionar mejor los recursos y atender de forma más eficiente a la población. Lamentablemente, la descentralización enfrenta varios desafíos en el país, como las diferencias en la capacidad de gestión entre las regiones. Además, la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno complica la ejecución de proyectos. Esto, sumado al uso ineficiente de los recursos, sigue profundizando las desigualdades entre las distintas zonas del país.


  • Caso 5: Proyectos de Infraestructura Paralizados

Los conflictos de competencias suelen generar retrasos o paralizaciones en proyectos de infraestructura, especialmente cuando no hay claridad sobre qué nivel de gobierno tiene la titularidad o capacidad para ejecutarlos. Además, los órganos de control, al intervenir sin coordinación adecuada, pueden frenar proyectos por observaciones administrativas, incluso si estos son urgentes o estratégicos.




3. Contexto del caso elegido a analizar: Disolución del congreso


La disolución del congreso ocurre cuando el Ejecutivo, en aplicación de la Constitución, decide cerrar el Parlamento debido a la negación de confianza a dos Consejos de Ministros. Este mecanismo ha sido utilizado en momentos de crisis política, generando tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los poderes del Estado involucrados son los siguientes:

  • Ejecutivo: Representado por la Presidencia de la República, tiene la autoridad para disolver el Congreso, pero sólo en situaciones específicas previstas por la Constitución.
  • Legislativo: El Congreso puede censurar a los ministros o rechazar la confianza en los gabinetes, lo que también podría llevar a su disolución.
  • Tribunal Constitucional: Puede intervenir en la interpretación de la legalidad de la disolución.


Uno de los momentos más significativos ocurrió en 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso como respuesta a la grave crisis política del país. En 2019, el presidente Martín Vizcarra optó por disolver el Congreso luego de que este rechazara de facto una cuestión de confianza relacionada con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Más recientemente, en 2025, el primer ministro Gustavo Adrianzén advirtió que si el Congreso censuraba su gabinete o negaba la confianza a su sucesor, la presidenta Dina Boluarte podría recurrir a la disolución del Parlamento.


La legislación clave en este caso incluye el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que permite al presidente disolver el Congreso si éste ha negado la confianza a dos Consejos de Ministros. Además, el Reglamento del Congreso establece los procedimientos para plantear una cuestión de confianza y para la censura de ministros. Por último, las sentencias del Tribunal Constitucional han respaldado la disolución del Congreso en 2019, sentando un precedente sobre cómo debe aplicarse este proceso

4 . Análisis de competencias constitucionales

Actor  involucrado 1:  Presidente de la República.
Competencias

  • Es el dirigente principal en los sistemas presidenciales.

  • Tiene la capacidad de hacer que el congreso se disuelva tomando en cuentas las condiciones escritas en la Constitución.

  • La razón para la disolución debe estar impulsada por sucesos muy específicos, como por ejemplo una crisis política, o que el Congreso se oponga a aprobar el presupuesto o la censura reiterada a ministros.


Actor involucrado 2: El Congreso

Competencias

  • Tomar acciones y cumplir condiciones que motiven a su disolución, pudiendo ser negar cuestiones de confianza o censura de ministros.

  • Puede presentar como injusta la disolución frente a un Tribunal Constitucional si es que las razones son inconstitucionales o arbitrarias. 




Evaluación del cumplimiento de la Constitución

Se debe revisar si se cumplen los reglamentos impuestos en la constitución, tomando también en cuenta algunos factores como si se respetaron los límites temporales o institucionales. Es decir, si es que se realiza la decisión cuando su período presidencial está a punto de finalizar. O también si se cumplen motivos sólidos para que el presidente o que esté en su capacidad psicológica de tomar tal decisión.


Análisis de precedentes legales similares

El 30 de septiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el congreso, tomando de apoyo al artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Su motivo era que el congreso había negado una cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo, relacionada a la reforma del sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El congreso no había dado respuesta inmediata a la solicitud, siguiendo la elección de magistrados, lo cual el presidente lo interpretó como una negación silenciosa.


Impactos del conflicto

Los conflictos de competencias pueden afectar gravemente la gobernabilidad del país. Entre los impactos más notables se encuentran la paralización de políticas públicas, el retraso en la ejecución de presupuestos y proyectos, la judicialización de la política, y el descrédito de las instituciones ante la ciudadanía. Asimismo, estos conflictos reflejan debilidades en los mecanismos de coordinación intergubernamental y la necesidad de reforzar el rol de órganos como el Tribunal Constitucional para resolverlos con eficacia y legitimidad.

Propuesta de Solución

  • Reformación del artículo que permite esto: el 134, junto a la clarificación de que es una “negación de confianza”.

  • Fortificar al Tribunal Constitucional como árbitro institucional

  • Que se haga una educación cívica junto a una reforma política

Justificación de la propuesta 

  1. El texto actual del artículo llega a ser ambiguo, se debería de reformar su composición para que no se repita un caso como el de Martín Vizcarra.

  2. Al ser un sistema democrático, debería de existir un árbitro imparcial que interprete la Constitución ante disputas entre poderes.

  3. Gran parte del problema se centra en la baja calidad institucional y la fragmentación que hay del Congreso, por lo que una reforma en el sistema de partidos podría dar un nuevo equilibrio.



Conclusión

Los conflictos de competencias entre poderes del Estado y niveles de gobierno generan ineficiencias, pérdida de recursos y desconfianza ciudadana. Es necesario promover una reforma institucional que clarifique las funciones y fomente la coordinación entre los distintos niveles del gobierno, además de evitar el uso político de mecanismos de fiscalización.


Referencias:


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